Las plazas
Las plazas
La paz que presumen no es ausencia de crimen. Es orden en el cobro. Este es el mapa de quién opera cada plaza, según Estados Unidos y según la propia autoridad mexicana.
Esta es la segunda de las tres partes del Expediente Quintana Roo. En la primera mostramos la máquina: la ventanilla que cobra, el despojo con papel legal, el dinero saliendo. Hoy mostramos a los operadores y el territorio: qué grupo opera cada plaza, qué negocios están en la mira, qué ha designado ya el Tesoro de Estados Unidos dentro del estado, y dónde se cruza todo eso con el poder político de Morena que gobierna cada municipio y el estado entero. En la tercera parte llegaremos al gobierno de Mara Lezama con los documentos que las solicitudes de las dos primeras ya están produciendo.
Una plaza no es un lugar. Es una concesión criminal: el derecho a cobrar en un territorio. Se cobra la droga que se vende, el bar que abre, el taxi que circula, el terreno que se escritura. Cuando dos grupos disputan la concesión, hay balazos y la plaza se ve en las noticias. Cuando un solo grupo la controla, hay silencio. Por eso la caída del homicidio, sin caída de la extorsión, no describe paz. Describe monopolio.
Este capítulo se arma con dos tipos de fuente y nada más: los expedientes de Estados Unidos, designaciones del Tesoro y acusaciones del Departamento de Justicia, y los actos de la propia autoridad mexicana, detenciones y atribuciones hechas en conferencia por la Fiscalía estatal y el Gabinete de Seguridad federal. Ninguna atribución de este sitio es nuestra. Todas tienen dueño institucional.
La plaza no se ve en el mapa del turista. Se ve en la lista de sancionados.
Geometría oficial del estado, no un dibujo. Activa las capas y toca cada ciudad. Cada dato del panel lleva su fuente institucional.
Cada renglón dice qué grupo, en qué plaza, quién lo afirma y con qué nivel de prueba. Sin fuente institucional, el renglón no existe.
| Grupo | Plazas atribuidas | Quién lo afirma | Hecho que lo ancla | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| CJNG · Los Cuinis | Playa del Carmen, Cancún | Tesoro de EE.UU. (OFAC) | Centro comercial Xaman Ha y Grupo Segtac designados como red financiera desde 2015; en 2025 el Departamento de Estado designó al CJNG como organización terrorista extranjera | B · Designación |
| Cártel de Sinaloa · Los Chapitos | Benito Juárez, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas | Fiscalía de Quintana Roo | Detención de Arturo Misael, El Guamúchil, 1 de junio de 2026; el fiscal lo atribuyó como principal generador de violencia en esos cinco municipios, parte de la estructura de El 15 | C · Detención atribuida |
| Hells Angels MC · red transnacional | Cancún | Gabinete de Seguridad federal · Interpol | Detención en mayo de 2026 de Denis Ivziku, Menace, señalado operador logístico transnacional que operaba desde Cancún, buscado por Interpol | C · Detención atribuida |
| Célula de extorsión de Villas del Sol | Playa del Carmen | FGE Quintana Roo · SSC municipal | Nueve detenidos el 13 de julio de 2026; peritaje vincula un arma con seis ataques a bares y restaurantes; líder señalado: Miguel N, El Kilo | C · Operación documentada |
| Disputa CDS contra CJNG | Tulum | Cobertura regional con atribuciones de FGE | Detención de Ángel Yair N, Sombra, narcomenudeo en Tulum; la disputa de plaza es la lectura de prensa regional sobre hechos de fiscalía | D · Línea en verificación |
| Los Pelones | Cancún, Tulum | Autoridades estatales, casos históricos | Detenciones de El Fefe en Tulum y El Chaparro en Cancún, atribuidos como líderes del grupo en la zona norte | C · Detención atribuida |
No es hipótesis sobre si Estados Unidos puede tocar el Caribe mexicano. Ya lo tocó. Con dirección y estacionamiento.
En el corazón turístico de Playacar, en Playa del Carmen, hay un centro comercial que aparece en la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de Estados Unidos.
Se llama Xaman Ha Center. La OFAC lo identifica bajo la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico como propiedad de Grupo Segtac S.A. de C.V., una sociedad que el propio Tesoro atribuye al control de Los Cuinis, el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. La designación forma parte de la acción de 2015 que alcanzó a seis personas y quince empresas radicadas en Jalisco, Quintana Roo y el Estado de México, por dar apoyo financiero y servicios a la organización que dirigía Abigael González Valencia, detenido ese mismo año.
Once años después, esa designación sigue diciendo tres cosas. Una: el Tesoro sabe llegar a Quintana Roo cuando el expediente se lo pide. Dos: la infraestructura financiera del CJNG en el Caribe no es una sospecha, es una lista publicada. Y tres, la más incómoda: si el precedente físico existe desde 2015, el vacío de designaciones por tiempo compartido en el Caribe no es falta de jurisdicción. Es falta de expediente. Y los expedientes se arman.
Una plaza comercial en la lista de sancionados es el recordatorio de que la otra plaza, la criminal, también tiene domicilio.
La acción incluyó al señalado líder actual del cártel, Juan Carlos González, con acusación federal por narcotráfico en la corte del Distrito de Columbia y recompensa de hasta 5 millones de dólares del Departamento de Estado. El CJNG es, además, organización terrorista extranjera desde 2025. Cada empresa que le dé apoyo material queda dentro del alcance penal de Estados Unidos.
La tipología completa según el aviso conjunto de FinCEN, la OFAC y el FBI a las instituciones financieras. Víctimas frecuentes: adultos mayores estadounidenses.
Lo que la propia Fiscalía estableció con peritajes en Playa del Carmen. Los negocios son víctimas y así se nombran aquí.
El 13 de julio de 2026, un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen y la Fiscalía estatal detuvo a nueve personas en el fraccionamiento Villas del Sol.
El fiscal Raciel López Salazar informó que el grupo está investigado por extorsión, narcomenudeo, ataques armados contra establecimientos y dos homicidios. El líder señalado: Miguel N, alias El Kilo, de 33 años, originario de la Ciudad de México. Y el dato que convierte el caso en radiografía: los peritajes de la Fiscalía establecen que una sola arma asegurada estaría vinculada con seis ataques armados contra negocios del municipio: Antídoto, Karaoke & Sport El Pretexto, La Santa, Las Palmeras, El Camarón Guasaveño y Bom Bom del Tatich. Seis negocios, un arma. Eso no describe delincuencia dispersa. Describe una sola caja cobrando.
Quince días después, el 28 de julio, la misma Fiscalía detuvo a cuatro personas por extorsión agravada contra el encargado de un bar del centro de Playa del Carmen. La cuota exigida: 15 mil pesos mensuales a cambio de protección. Según la carpeta, los cobradores dijeron actuar en nombre de un grupo para alinear a los bares y advirtieron de otros grupos calentando la plaza. Esa frase, dicha por los propios extorsionadores, es la definición operativa de plaza que dimos en el capítulo 00.
Modelo ilustrativo con la única cifra documentada en carpeta pública: 15 mil pesos mensuales por negocio. Mueve el número de negocios alineados para dimensionar la caja anual de una sola plaza. No es un dato de la operación real: es aritmética sobre un caso documentado.
Solo hechos con fecha: quién gobierna, qué anunció, qué pasó en el mismo territorio y en qué orden. Las conclusiones las pone el lector. Las solicitudes las ponemos nosotros.
El estado y los tres municipios de esta investigación tienen gobiernos emanados de Morena: Mara Lezama en el estado, Ana Patricia Peralta de la Peña en Benito Juárez, Estefanía Mercado en Solidaridad y Diego Castañón en Tulum.
Hecho uno. El 5 de mayo de 2026, la gobernadora Lezama respondió públicamente a versiones de prensa: es completamente falso que sea investigada por la DEA, y afirmó que concluirá su periodo en 2027. El desmentido consta íntegro y aquí se registra como lo que es: su palabra pública frente a una versión no confirmada por autoridad estadounidense.
Hecho dos. El 17 de junio de 2026, Lezama y la alcaldesa Peralta clausuraron el Proyecto de Capacitación y Fortalecimiento del Combate a la Extorsión, presentando a Quintana Roo y a Benito Juárez como pioneros en la atención de ese delito. El contraste con el tablero oficial es directo: en el propio corte del secretariado federal, la extorsión es el delito que menos baja en el estado, 7.7 por ciento, contra 85 por ciento del homicidio. El programa existe. El resultado, a la fecha de este corte, no aparece en la estadística.
Hecho tres. El 13 de julio de 2026 la Fiscalía desarticuló la célula de extorsión en el fraccionamiento Villas del Sol de Playa del Carmen. El 12 de agosto de 2026, treinta días después, la gobernadora Lezama y la alcaldesa Mercado realizaron la audiencia pública La Voz del Pueblo en el segundo parque de Villas del Sol, el mismo fraccionamiento. Dos hechos ciertos, mismo territorio, treinta días de distancia. El registro de qué se atendió ahí en materia de extorsión es una de las solicitudes de este expediente.
Hecho cuatro. En Tulum gobierna Diego Castañón, con obra pública en curso en el centro del municipio, mientras la Fiscalía reporta detenciones por narcomenudeo en colonias irregulares como Nassin y la prensa regional lee una disputa de plaza en el municipio. Los contratos de esa obra y sus contratistas son otra solicitud de este expediente.
Ningún hecho de esta sección acusa a nadie. Juntos, dibujan la pregunta que la tercera parte va a responder con documentos.
Versiones de prensa local atribuyen al ayuntamiento un deterioro patrimonial y auditorías de alcance reducido sobre la cuenta 2024. Este expediente no publica esas cifras porque no exhiben documento primario verificable. En su lugar, quedan convertidas en solicitudes: los informes de la ASF sobre la Cuenta Pública 2024 de Benito Juárez, su alcance y muestra, y el estado financiero municipal ante la SHCP. Si el documento aparece, la cifra se publica con folio.
Villas del Sol concentró la célula desarticulada y, un mes después, la audiencia pública estatal. Solicitudes: la obra pública ejecutada en ese fraccionamiento 2024-2026 con contratistas y montos, el padrón de proveedores del municipio, y las licencias de funcionamiento y verificaciones de los seis negocios atacados, para establecer si el municipio documentó los ataques como extorsión.
Solicitudes: contratos y contratistas de la obra del centro de Tulum, el padrón de proveedores municipal, y el estado de las carpetas derivadas de las detenciones por narcomenudeo reportadas por la Fiscalía en el municipio. La ventanilla sanitaria de la Parte 1 sigue con su propia solicitud viva.
Solicitudes: convenios, presupuesto y resultados medibles del programa contra la extorsión clausurado el 17 de junio; la minuta o registro de la audiencia del 12 de agosto en Villas del Sol; y los informes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia sobre extorsión 2025-2026.
A: sentencia firme. B: acusación formal o designación. C: detención u operación documentada por autoridad. D: línea de investigación. Filtra por nivel.
Exgobernador de Quintana Roo. Extraditado a Estados Unidos el 8 de mayo de 2010. Se declaró culpable de conspiración para lavar dinero en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sentenciado el 28 de junio de 2013 a 131 meses. El precedente de que esta ruta jurisdiccional funciona contra el poder de este estado.
Señalado por el Tesoro como líder actual del CJNG en la acción del 23 de julio de 2026. Acusación federal por narcotráfico en la corte del Distrito de Columbia y recompensa de hasta 5 millones de dólares del Departamento de Estado. Presunción de inocencia respecto de la acusación penal.
Sociedad y centro comercial en Playa del Carmen designados bajo la Kingpin Act como parte de la red financiera de Los Cuinis, brazo financiero del CJNG. La huella física del cártel en el Caribe según el propio Tesoro.
Señalado por el Tesoro como dirigente de Los Cuinis al momento de la designación de la red de 2015 que incluyó empresas en Quintana Roo. Detenido en febrero de ese año.
Detenido en Mérida. El fiscal de Quintana Roo lo atribuyó como principal generador de violencia en Benito Juárez, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas, parte de la estructura de El 15 dentro de Los Chapitos. Presunción de inocencia.
Señalado cabecilla y operador logístico del grupo transnacional Hells Angels MC, operando desde Cancún, buscado por Interpol por narcotráfico y extorsión. Presunción de inocencia.
Señalado líder de la célula de nueve detenidos en Villas del Sol, Playa del Carmen, investigada por extorsión, ataques a negocios y dos homicidios. Presunción de inocencia.
Encargado de la Ventanilla de Riesgos Sanitarios Zona Centro en Tulum, separado del cargo tras señalamientos de cobros. Caso completo en la Parte 1. Presunción de inocencia.
Detenido en la colonia Nassin de Tulum, señalado por narcomenudeo en el municipio. Presunción de inocencia.
Quién financia la célula de Playa del Carmen y si la violencia de Tulum responde a una disputa CDS contra CJNG son preguntas abiertas que la propia autoridad dejó planteadas. Ningún nombre se publica en este nivel.
Análisis educativo. Desde 2025 el CJNG es organización terrorista extranjera. Eso reordena el tablero legal completo de esta costa.
Prohíbe dar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada, a sabiendas. Con el CJNG en la lista, los pagos que alimentan su economía en una plaza que controla entran en un terreno penal que antes no existía. Para empresas estadounidenses con operación en el Caribe mexicano, el riesgo de cumplimiento dejó de ser solo OFAC: es la ley antiterrorista. Herramienta educativa, no determinación de culpabilidad de nadie.
Incluye como delito precedente del lavado los delitos cometidos en el extranjero: soborno de funcionario público y malversación de fondos públicos. El dinero público desviado en México ya es actividad ilícita especificada bajo la ley estadounidense sin necesidad de condena mexicana previa. Toca cada peso de este expediente que haya cruzado el sistema financiero de Estados Unidos.
Las tres vías de designación ya usadas contra la economía del CJNG. La de 2015 tocó Playa del Carmen con nombre y domicilio. La de julio de 2026, la más grande de la historia contra ese cártel, demostró que la lista se expande hacia familiares, prestanombres y empresas. La pregunta operativa de esta serie: cuándo se expande hacia el tiempo compartido del Caribe.
El 20 de marzo de 2026, la OFAC removió las sanciones de César Gastelum, operador de Sinaloa capturado en Cancún en 2015. La lista de sancionados no es una lápida: es un instrumento que se revisa en ambos sentidos. Entrar tiene ruta. Salir también. Eso la hace más creíble como palanca, no menos.
Desde diciembre de 2023, Estados Unidos puede procesar directamente al funcionario extranjero que exige o recibe el soborno, si hay contacto con la jurisdicción estadounidense. Cada ventanilla de esta serie que cobre a una empresa con nexo estadounidense está dentro del alcance. La ruta de la Parte 1 sigue abierta y ahora tiene mapa.
FinCEN, para reportes bajo el aviso FIN-2024-NTC2. OFAC, para información de designaciones. DOJ MLARS y la unidad de kleptocracia, para lavado con nexo de fondos públicos. Fiscalías federales con precedente en esta materia: Distrito Sur de Nueva York, que ya sentenció a un gobernador de este estado, y Distrito de Columbia, donde está acusado el señalado líder del CJNG.
Lo que este expediente no afirma porque aún no hay documento, convertido en solicitudes con reloj corriendo a la vista.
Este expediente no pudo probar, y por eso no afirma: que autoridad estadounidense alguna investigue a la gobernadora o a los alcaldes; que los negocios atacados tuvieran relación alguna con sus agresores más allá de ser víctimas; que la obra pública de Villas del Sol o del centro de Tulum tenga irregularidad alguna; ni el estado actual de operación del centro comercial designado en 2015. Cada una de esas preguntas está convertida en solicitud. Cuando el documento llegue, la respuesta se publica. Cuando no llegue, el silencio se cuenta.
| # | Solicitud | Destinatario | Días en silencio |
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La primera parte mostró la máquina. Esta segunda mostró las plazas y a los operadores, con los documentos de Estados Unidos y de la propia autoridad sobre la mesa. La tercera cruzará las solicitudes de las dos primeras con el gobierno de Mara Lezama: contratos, obra, padrón de proveedores y el registro de qué se hizo, y qué no, con cada alerta que este expediente dejó fechada.
Toda persona nombrada en esta investigación conserva la presunción de inocencia. Los niveles de prueba indican qué documento existe, no qué culpa existe. El derecho de réplica está abierto y toda respuesta se publicará íntegra.