Las plazas de Mara Lezama.

Esta es la segunda de las tres partes del Expediente Quintana Roo. En la primera mostramos la máquina: la ventanilla que cobra, el despojo con papel legal, el dinero saliendo. Hoy mostramos a los operadores y el territorio: qué grupo opera cada plaza, qué negocios están en la mira, qué ha designado ya el Tesoro de Estados Unidos dentro del estado, y dónde se cruza todo eso con el poder político de Morena que gobierna cada municipio y el estado entero. En la tercera parte llegaremos al gobierno de Mara Lezama con los documentos que las solicitudes de las dos primeras ya están produciendo.

Una plaza no es un lugar. Es una concesión criminal: el derecho a cobrar en un territorio. Se cobra la droga que se vende, el bar que abre, el taxi que circula, el terreno que se escritura. Cuando dos grupos disputan la concesión, hay balazos y la plaza se ve en las noticias. Cuando un solo grupo la controla, hay silencio. Por eso la caída del homicidio, sin caída de la extorsión, no describe paz. Describe monopolio.

Este capítulo se arma con dos tipos de fuente y nada más: los expedientes de Estados Unidos, designaciones del Tesoro y acusaciones del Departamento de Justicia, y los actos de la propia autoridad mexicana, detenciones y atribuciones hechas en conferencia por la Fiscalía estatal y el Gabinete de Seguridad federal. Ninguna atribución de este sitio es nuestra. Todas tienen dueño institucional.

Y una corrección al mapa político que todos repiten. Se dice que Morena gobierna Quintana Roo. Es la marca. El aparato es otro. El Partido Verde tiene la presidencia del Tribunal Superior, la Junta de Gobierno del Congreso y ocho diputaciones, la Secretaría de Finanzas desde 2022 según registro de la propia semana de la toma de protesta, el único ayuntamiento del corredor gobernado en solitario, la curul con que llegó la alcaldesa de Playa del Carmen y el distrito federal de toda la Riviera Maya. Quien decide si un detenido queda libre, quién audita y quién cobra el presupuesto de la Fiscalía no lleva guinda. Lleva verde. Este expediente lo prueba pieza por pieza en los capítulos 06·C, 06·D y 06·F, con lo que es registro y con lo que todavía es solicitud.

La plaza no se ve en el mapa del turista. Se ve en la lista de sancionados.

La geografía del avance no es una versión: está en las detenciones.

El Cártel de Caborca, la organización heredada por la familia Caro Quintero tras la captura de Rafael en julio de 2022, entró a Quintana Roo por el sur. La prueba dura tiene nombre y fecha: en diciembre de 2024 fue detenido en Mérida Jorge Luis Toledo Cruz, El Toledo, identificado por las autoridades como jefe de plaza del cártel en Chetumal, junto con su padre, su hermano y escoltas. Las fichas oficiales de ese caso ubican al grupo con pistas clandestinas y avionetas descendiendo en Othón P. Blanco y Bacalar, y operaciones que se extienden a Cancún, Tulum y Playa del Carmen. En junio de 2024, registros de la zona ya documentaban al cártel presionando por tierra en Bacalar. El punto de partida no está en duda: Caborca tenía el sur.

Lo que cambió en 2025 y 2026 es la dirección del avance: del sur despoblado hacia el norte turístico, la plaza más rentable del Caribe. Y el método importa, porque no se explica solo con sicarios. Una organización no toma tres municipios turísticos vigilados sin que algo falle, o ceda, en la autoridad que debía cerrarle el paso. Ahí el caso del 12 de octubre de 2023 deja de ser anécdota y se vuelve patrón: un presunto líder del cártel detenido y liberado por agentes de la propia Fiscalía, una liberación que el gabinete de seguridad federal confirmó y que el estado negó alegando confusión de identidad, con un peritaje que nunca se publicó completo y tres ministeriales detenidos sin sentencia conocida tres años después.

Análisis firmado, y así se rotula: la expansión de Caborca al norte coincide en el tiempo con dos señales que apuntan a la misma institución. Una, verificada: mandos de la propia Fiscalía aparecieron señalados en narcomantas por presuntos pactos, y el director de Narcomenudeo de la FGE fue emboscado y ejecutado en Cancún, según registro local pendiente de confirmación oficial. Dos, en indagación: este expediente recibió una pista de que un mando de la Policía de Investigación adscrito a Chetumal, el bastión histórico de Caborca, sería rotado a Playa del Carmen, justo la plaza en disputa. No damos por hecho la pista. La convertimos en la trampa documental que corre abajo. Porque si un cártel que dominaba el sur avanza al norte al mismo tiempo que un mando policial hace ese mismo viaje, el oficio de comisión es el documento que une o separa las dos cosas. Y ese oficio existe, tenga el contenido que tenga.

En las últimas semanas ese patrón se volvió audible, en sentido literal. Dos grabaciones anónimas, ninguna autenticada, circularon en la región: una atribuida a un comandante de la Policía de Investigación en Playa del Carmen, otra sobre el monitoreo de radiofrecuencias del cártel en el sur. Este expediente no da por cierto su contenido y no lo reproduce: sería adoptar propaganda de bando. Pero sí registra el hecho de su existencia y lo convierte en lo único que un tribunal atendería: peritaje de voz, carpeta de investigación, bitácoras de intervención de comunicaciones. La diferencia entre un rumor y una prueba es un documento, y este expediente pide el documento.

Caborca no llegó al Caribe. Ya estaba en el sur. La pregunta de 2026 es quién le está abriendo la puerta del norte.

Hay un dato que el discurso local no incorpora: cuando un presunto líder de Caborca es detenido en Tulum y liberado en horas, el hecho no muere en Quintana Roo. Entra en la órbita de un tribunal federal de Nueva York.

Rafael Caro Quintero fue identificado como narcotraficante extranjero significativo bajo la Ley Kingpin en el año 2000. Entre 2013 y 2016 el Tesoro sancionó a decenas de personas y empresas de su red en Guadalajara, inmobiliarias y gasolineras incluidas. Una acusación federal del Distrito Este de Nueva York fue devuelta bajo sello el 20 de enero de 2017. Y el 27 de febrero de 2025 México lo expulsó a Estados Unidos: al día siguiente fue presentado en Brooklyn por una tercera acusación ampliada, cuatro cargos, empresa criminal continua incluida, con la pena de muerte sobre la mesa. En julio de 2026 su defensa todavía litigaba si el jurado será anónimo. El juicio está vivo.

Ese expediente describe a la organización Caro Quintero como una facción del Cártel de Sinaloa. Y aquí aparece el hallazgo que nadie había cruzado con Quintana Roo.

Los ocho hallazgos de esta serie sobre Caborca, en una sola lista

Cada uno con su nivel de prueba. Los que ya se publicaron arriba llevan su ancla. Los nuevos son de este capítulo.

La cronología de tres carriles

Arrastra el año. Tres carriles corren en paralelo: lo que hizo Caborca, lo que hizo el poder en Quintana Roo, lo que hizo Estados Unidos. La lectura está en los cruces.

La salida jurisdiccional de este capítulo. La Ley Kingpin, 21 U.S.C. § 1904, alcanza a cualquier persona que asista materialmente a un narcotraficante designado. No exige que la asistencia ocurra en Estados Unidos. Un servidor público que facilite la liberación de un operador de una organización designada entra en el perímetro que el Tesoro ya usó contra la red Caro Quintero en Guadalajara. Y si esa liberación tuvo precio, el soborno a un funcionario extranjero es actividad ilícita especificada bajo 18 U.S.C. § 1956(c)(7)(B): cualquier dólar que toque el sistema financiero estadounidense después de ese pago es lavado. El Cártel de Sinaloa está designado como organización terrorista extranjera desde febrero de 2025; que ese alcance cubra a la facción Caro Quintero lo decide el Departamento de Estado, no este expediente. El documento que falta es uno: la carpeta de investigación contra los tres ministeriales, con su estado procesal a la fecha.

Tulum liberó en horas a un hombre cuyo apellido ya tenía juicio abierto en Brooklyn.

En el corazón turístico de Playacar, en Playa del Carmen, hay un centro comercial que aparece en la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de Estados Unidos.

Se llama Xaman Ha Center. La OFAC lo identifica bajo la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico como propiedad de Grupo Segtac S.A. de C.V., una sociedad que el propio Tesoro atribuye al control de Los Cuinis, el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. La designación forma parte de la acción de 2015 que alcanzó a seis personas y quince empresas radicadas en Jalisco, Quintana Roo y el Estado de México, por dar apoyo financiero y servicios a la organización que dirigía Abigael González Valencia, detenido ese mismo año.

Once años después, esa designación sigue diciendo tres cosas. Una: el Tesoro sabe llegar a Quintana Roo cuando el expediente se lo pide. Dos: la infraestructura financiera del CJNG en el Caribe no es una sospecha, es una lista publicada. Y tres, la más incómoda: si el precedente físico existe desde 2015, el vacío de designaciones por tiempo compartido en el Caribe no es falta de jurisdicción. Es falta de expediente. Y los expedientes se arman.

Una plaza comercial en la lista de sancionados es el recordatorio de que la otra plaza, la criminal, también tiene domicilio.

La aduana humana del aeropuerto de Cancún

El 30 de octubre de 2025, el Tesoro designó como organización criminal transnacional a la red Bhardwaj, dedicada al tráfico de personas. Sede declarada por el propio Tesoro: Cancún, Quintana Roo.

La descripción oficial parece escrita para esta serie. La red movió a miles de migrantes de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia por el corredor Tapachula, Cancún, Mexicali, usando yates y marinas propias para meterlos por mar, y hoteles y hostales de Cancún para alojarlos. Su líder, Vikrant Bhardwaj, con doble nacionalidad india y mexicana, se presentaba como director de un conglomerado con empresas en México, India y Emiratos. Recibía, dice el Tesoro, apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa.

Y aquí están las dos frases que nadie levantó en México. Primera: el Tesoro afirma que José Germán Valadez Flores metía migrantes a Cancún sobornando a funcionarios mexicanos corruptos. Segunda: Jorge Alejandro Mendoza Villegas, expolicía del estado de Quintana Roo, tenía acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún y coordinó ahí la llegada y salida de migrantes desde 2020. Cinco años. Un expolicía estatal. La terminal aérea más importante del sureste. Eso no es una célula escondida en una colonia: es la ventanilla de la Parte 1, con vista a la pista de aterrizaje.

Las preguntas que produce este hallazgo son documentales, no retóricas: quién expidió y renovó los accesos aeroportuarios de esa persona entre 2020 y 2025; qué registró la delegación de migración en ese periodo; y qué notarios de Cancún constituyeron, desde 2021, las empresas de la red que hoy aparecen con folio mercantil mexicano en el Registro Federal de Estados Unidos: una inmobiliaria, una constructora, un astillero, una operadora turística. Las cuatro preguntas ya corren en el contador de silencios.

El Tesoro no dijo que hay corrupción en Cancún. Nombró al sobornador, al expolicía y a la puerta que usaron.

El 13 de julio de 2026, un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen y la Fiscalía estatal detuvo a nueve personas en el fraccionamiento Villas del Sol.

El fiscal Raciel López Salazar informó que el grupo está investigado por extorsión, narcomenudeo, ataques armados contra establecimientos y dos homicidios. El líder señalado: Miguel N, alias El Kilo, de 33 años, originario de la Ciudad de México. Y el dato que convierte el caso en radiografía: los peritajes de la Fiscalía establecen que una sola arma asegurada estaría vinculada con seis ataques armados contra negocios del municipio: Antídoto, Karaoke & Sport El Pretexto, La Santa, Las Palmeras, El Camarón Guasaveño y Bom Bom del Tatich. Seis negocios, un arma. Eso no describe delincuencia dispersa. Describe una sola caja cobrando.

Quince días después, el 28 de julio, la misma Fiscalía detuvo a cuatro personas por extorsión agravada contra el encargado de un bar del centro de Playa del Carmen. La cuota exigida: 15 mil pesos mensuales a cambio de protección. Según la carpeta, los cobradores dijeron actuar en nombre de un grupo para alinear a los bares y advirtieron de otros grupos calentando la plaza. Esa frase, dicha por los propios extorsionadores, es la definición operativa de plaza que dimos en el capítulo 00.

El tarifario que las víctimas ya contaron

No existe una lista de precios vigente: existe el testimonio publicado. La investigación regional de CONNECTAS, con datos de la propia SSP, documentó en 2022 el menú del cobro en Cancún: 500 pesos semanales por vecino para salir de Villas Otoch Paraíso, 5 mil al mes a carnicerías, 6 mil a instaladores de internet bajo pistola, 500 pesos por cada vuelo de paracaídas en la playa, la maleta a fotógrafos de Delfines, y el negocio de La Palapita empujado de 100 mil a 200 mil pesos más seguridad antes del incendio. 13,012 reportes al 089 produjeron 883 carpetas y 31 detenciones. El resto es la cifra negra que Coparmex sigue midiendo en 96.1 por ciento.

La veta nueva: el cobro con gafete

La mutación de 2026 es la que esta serie dejó fechada en la Parte 1: cuando el homicidio baja en el boletín, el cobro no desaparece, se institucionaliza. En Tulum, un servidor público fue separado tras señalamientos de cobrar haciéndose pasar por inspector federal, y empresarios del destino declararon que Tulum se está muriendo a manos de la autoridad que cobra, no del sicario. En Isla Mujeres, tras revelarse una presunta red de extorsión a comerciantes y hoteleros, el gobierno estatal abrió investigación. La gramática es idéntica: la plaza ya no siempre dispara. A veces sella.

Hallazgo dos: Benito Juárez concentra el 59 por ciento de toda la extorsión denunciada del estado.

123 de las 207 carpetas de 2025 son de Cancún. Y su propia serie municipal es una escalera: 24 carpetas en 2021, 45, 69, 99, 123. Un aumento de 413 por ciento en cuatro años, en el municipio que el 17 de junio de 2026 fue presentado como pionero nacional en el combate a la extorsión.

Hallazgo tres: los municipios del cobro casi no abren carpetas. Solidaridad, donde la Fiscalía peritó una sola arma contra seis bares, registró 7 carpetas de extorsión en todo 2024 y 26 en 2025; en 2023 fueron 5. Tulum, el municipio del cobro con gafete, abrió una sola carpeta de extorsión en todo 2023, 10 en 2024 y 13 en 2025. Contra los 13,012 reportes anónimos del 089 del periodo 2019-2022, la conclusión aritmética es una: la cifra negra no es una estimación, es la distancia medible entre el teléfono y el ministerio público.

Hallazgo cuatro: la serie se corta justo ahora. En los registros de 2026 de la base municipal, la etiqueta extorsión desaparece: cero registros bajo esa clave en todo el estado, con las carpetas absorbidas en categorías agregadas de la nueva metodología, como los 656 expedientes de otros delitos contra la libertad. El delito que más crecía dejó de poder seguirse municipio por municipio en el año más delicado. La solicitud al Centro Nacional de Información para restituir la serie ya corre en el contador.

Hallazgo cinco: los dos radares no se tocan. Cruzamos las 20 entidades sancionadas por Estados Unidos con domicilio en Quintana Roo contra los 14,143 contribuyentes del listado 69-B del SAT: cero coincidencias. Ninguna empresa que Washington tiene bloqueada aparece señalada por el SAT como facturera. Son figuras legales distintas, y precisamente por eso la pregunta es obligada: qué facultades ha ejercido el fisco mexicano sobre las empresas que el Tesoro ya designó. En paralelo, el 69-B sí contiene 13 factureras definitivas con nombre alusivo al Caribe, entre ellas dos constructoras de Cancún y un proveedor con nombre de la zona hotelera.

El homicidio baja en nuestras propias cuentas: 54 por ciento menos en Cancún y 78 menos en Tulum a julio. La extorsión denunciada sube. Ese cruce no es narrativa: es la base de datos.

El estado y los tres municipios de esta investigación tienen gobiernos emanados de Morena: Mara Lezama en el estado, Ana Patricia Peralta de la Peña en Benito Juárez, Estefanía Mercado en Solidaridad y Diego Castañón en Tulum.

Hecho uno. El 5 de mayo de 2026, la gobernadora Lezama respondió públicamente a versiones de prensa: es completamente falso que sea investigada por la DEA, y afirmó que concluirá su periodo en 2027. El desmentido consta íntegro y aquí se registra como lo que es: su palabra pública frente a una versión no confirmada por autoridad estadounidense.

Hecho dos. El 17 de junio de 2026, Lezama y la alcaldesa Peralta clausuraron el Proyecto de Capacitación y Fortalecimiento del Combate a la Extorsión, presentando a Quintana Roo y a Benito Juárez como pioneros en la atención de ese delito. El contraste con el tablero oficial es directo: en el propio corte del secretariado federal, la extorsión es el delito que menos baja en el estado, 7.7 por ciento, contra 85 por ciento del homicidio. El programa existe. El resultado, a la fecha de este corte, no aparece en la estadística.

Hecho tres. El 13 de julio de 2026 la Fiscalía desarticuló la célula de extorsión en el fraccionamiento Villas del Sol de Playa del Carmen. El 12 de agosto de 2026, treinta días después, la gobernadora Lezama y la alcaldesa Mercado realizaron la audiencia pública La Voz del Pueblo en el segundo parque de Villas del Sol, el mismo fraccionamiento. Dos hechos ciertos, mismo territorio, treinta días de distancia. El registro de qué se atendió ahí en materia de extorsión es una de las solicitudes de este expediente.

Hecho cuatro. En Tulum gobierna Diego Castañón, con obra pública en curso en el centro del municipio, mientras la Fiscalía reporta detenciones por narcomenudeo en colonias irregulares como Nassin y la prensa regional lee una disputa de plaza en el municipio. Los contratos de esa obra y sus contratistas son otra solicitud de este expediente.

Hecho cinco. Desde enero de 2024, versiones de prensa afirman que agencias de Estados Unidos pidieron información sobre propiedades y cuentas de la gobernadora y de su esposo, Omar Terrazas García; versiones similares reaparecieron en 2026. Este expediente lo registra con su naturaleza exacta: es una alegación, no un hecho. No existe acusación formal pública de autoridad estadounidense. La gobernadora lo ha desmentido como guerra sucia. Y el registro internacional de libertad de prensa documenta que su esposo demandó a un periodista por esas publicaciones. Los tres elementos, alegación, desmentido y demanda, son hechos verificables sobre la alegación, y así quedan asentados. La solicitud correspondiente ya corre en el contador: preguntar directamente, por la vía de acceso a la información de Estados Unidos, si el expediente existe.

Ningún hecho de esta sección acusa a nadie. Juntos, dibujan la pregunta que la tercera parte va a responder con documentos.

El crédito de los aguinaldos que nadie ejerció

En 2025 el ayuntamiento contrató un crédito de 50 millones de pesos con un banco comercial, anunciado como recurso para pagar aguinaldos. La Cuenta Pública municipal 2025, documento primario, registra que al 31 de diciembre el dinero seguía depositado sin ejercer. Y el ajuste presupuestal de 2026 asigna 53.3 millones para pagar ese crédito con intereses, dentro de un recorte de 106 millones al presupuesto municipal. Un municipio que se endeuda para un fin que no ejecuta, y que al año siguiente recorta su presupuesto para pagar la deuda, tiene un problema que no es de liquidez: es de destino del dinero. Las solicitudes: estados de cuenta del crédito, instrucción de disposición y destino final, peso por peso.

Once funcionarios fuera, un tesorero detenido y un crédito dormido. Tulum no tiene un problema de percepción. Tiene un expediente.

La marca dice Morena. El aparato dice Verde.

Aquí un dato que ordena toda esta serie y que rara vez se dice con nombres. Mara Lezama milita en Morena, sí. Pero llegó al poder con la coalición Juntos Hacemos Historia, y dentro de esa coalición el Partido Verde no es un socio decorativo: es la estructura que controla las piezas. En 2022, la propia dirigencia verde presumió que colocó a su gente en los cargos de mayor peso del gabinete estatal. El Verde ha tenido en sus manos la presidencia del Congreso local, y datos de registro público lo ubican controlando el Poder Judicial del estado a través de su magistrado presidente, la alcaldía de Puerto Morelos, ocho diputaciones locales y varias secretarías del gabinete. La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, no ganó su curul de diputada por Morena: la ganó por el Partido Verde, en el Distrito 10. El fiscal general, la seguridad, la procuración de justicia: el organigrama real del estado no se lee en el logo guinda de la marca, se lee en el verde de quien reparte los cargos.

Y así se rotula, análisis firmado: esto no es un tecnicismo partidista. Es la diferencia entre a quién se le pide cuentas y quién realmente decide. Cuando una investigación dice Morena, el señalado responde que es un ataque nacional al movimiento. Cuando la investigación dice el nombre correcto de la estructura que designa al fiscal, al juez y al alcalde, la pregunta deja de ser ideológica y se vuelve concreta: quién puso a cada pieza, y qué le debe. La marca da los votos. El aparato reparte las plazas del poder. Y las plazas del poder deciden quién cobra las otras plazas, las del capítulo uno.

Primero, lo que el gobierno estatal presume, con sus fuentes: recibió en 2022 una deuda acumulada de 27 mil millones de pesos y reporta una reducción de más de 5,800 millones. El estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados registra la deuda por habitante bajando de 21,242 pesos en 2016 a 9,970 en el primer trimestre de 2026. Moody's subió la calificación estatal. La gobernadora reportó en su tercer informe cero observaciones de la ASF a la cuenta pública 2024, y en julio de 2026 anunció, desde Tulum y ante la presidenta, que la inversión pública de 2026 superará la de todo el sexenio anterior.

Ahora, lo que este expediente documentó del mismo territorio y del mismo calendario: en junio y julio de 2026, mientras el estado exhibía su calificación crediticia, su municipio insignia detuvo al tesorero con dinero no declarado, despidió a once funcionarios de las oficinas que cobran verificaciones, y los comerciantes describían cuotas exigidas solo en efectivo. El tablero oficial del secretariado registra la extorsión como el delito que menos baja. Coparmex mide 96.1 por ciento de cifra negra. Y el Tesoro de Estados Unidos ya nombró a un operador que sobornaba funcionarios y a un expolicía estatal que administró la puerta del aeropuerto durante cinco años.

Análisis firmado, y así se rotula: las dos fotos no se contradicen. Se explican. La auditoría federal mira el presupuesto: participaciones, obra, nómina. El cobro con gafete vive fuera del presupuesto: efectivo en la ventanilla, cuota en el retén, mordida en la verificación. Cero observaciones no significa cero corrupción. Significa que la corrupción ya no pasa por donde mira el auditor. Por eso esta serie pide lo que la auditoría de escritorio no pide: gafetes de aeropuerto, tarifarios de basura, bitácoras de retenes, notarios de actas constitutivas, y el destino peso por peso de un crédito dormido. La tercera parte cruzará esas respuestas, y esos silencios, con el aparato estatal completo.

La aduana del auditor

Tres hechos sobre el propio sistema de fiscalización. Uno: la Auditoría Superior del Estado presentó seis denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades; acto oficial, citable. Dos: existe una denuncia pública atribuida a auditores internos del propio órgano, según la cual pliegos de observaciones, la figura que cuantifica presunto daño al erario y puede escalar a lo penal, habrían sido reclasificados a solicitudes de aclaración y recomendaciones, figuras que no cuantifican daño. Es una alegación de nivel D: no la damos por hecho, la convertimos en solicitud verificable: la estadística de acciones emitidas por tipo, 2023 a 2025, y los papeles de trabajo de toda reclasificación. Tres: el linaje de la tesorería de Tulum. El expediente ASE/UEI/EPRA/RA-021/TULUM-17/2020 de la propia Auditoría, con oficio de 2023, mantiene bajo investigación a la expresidenta municipal Romualda Dzul Caamal y a ocho exservidores por un pliego no solventado de 134.8 millones de pesos del ejercicio 2017: 130.1 millones en 48 servicios y 4.6 en arrendamientos. Con ese pliego vivo, fue designada encargada de despacho de la Tesorería Municipal de Tulum en 2023. Tres años después, el siguiente tesorero fue detenido con efectivo sin declarar. Presunción de inocencia para ambos; la pregunta documental es institucional: quién firma los nombramientos de la caja de Tulum y contra qué expediente.

Un detenido no queda libre por azar. Queda libre porque alguien lo entrega, alguien lo recibe, alguien decide no consignar y alguien no revisa. Cada uno de esos "alguien" tiene cargo, partido y documento pendiente.

Once ayuntamientos. La marca electoral y el aparato real no siempre coinciden. Filtra por color y toca cada casilla. Solo se colorea lo que es registro electoral o registro público; lo que falta se dice que falta.

Elige una conducta de este expediente. El simulador muestra qué estatuto de Estados Unidos la alcanza, en qué tribunal cabría y qué documento falta para escalarla. Es herramienta educativa: no afirma que ninguna persona la haya cometido.

Este expediente no pudo probar, y por eso no afirma: que autoridad estadounidense alguna investigue a la gobernadora o a los alcaldes; que los negocios atacados tuvieran relación alguna con sus agresores más allá de ser víctimas; que la obra pública de Villas del Sol o del centro de Tulum tenga irregularidad alguna; ni el estado actual de operación del centro comercial designado en 2015. Cada una de esas preguntas está convertida en solicitud. Cuando el documento llegue, la respuesta se publica. Cuando no llegue, el silencio se cuenta.